A casi un mes de comenzada la gestión de Mauricio Macri, la emisión de decretos no es la única característica distintiva de la gestión Cambiemos. Hasta ahora fueron desvinculados 11.971 personas que trabajaban en municipios bonaerenses, ministerios y dependencias del Estado. Un promedio de 443 despidos por día.
En los municipios de la provincia de Buenos Aires, el Secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén "Cholo" García, denunció el despido de más de 2.600 empleados en municipios de la provincia de Buenos Aires. "Hay despedidos con cinco, seis, y hasta 12 años de antigüedad, otros sólo de algunos meses", destacó.
Según la Fesimubo indican que el municipio donde se denunciaron más despidos es Quilmes con unos 1.000 empleados cesanteados. Le sigue Coronel Vidal (300), Lanús (290), Coronel Suárez (60), Adolfo Alsina (60), Chascomús (32) y Esteban Echeverría (30). También hay importante cantidad de despidos en La Plata, donde los trabajadores llegaron a tomar el edificio municipal en reclamo de su situación.
Según trascendió, los cesanteados en la Ciudad de las diagonales llegarían a 4.500 desde que Julio Garro asumiera la conducción de la municipalidad. La cifra, dicen, incluiría empleados de planta permanente.
En cuanto a la administración nacional, en los últimos días los mayores despidos se dieron en el Senado Nacional y en el Centro Cultural Néstor Kirchner.
En este último, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, decidió no renovar los contratos de 600 de los 710 empleados. Según su cálculo, para funcionar, el CCK necesita a 400 empleados y especialistas con conocimientos curatoriales.
Las desvinculaciones surgen de la baja de contratos de "asistencia técnica" que esa institución había firmado con las universidades nacionales de San Martín, 3 de Febrero y La Matanza. "Estos contratos involucraban al 85 por ciento de los designados que tenían su relación laboral triangulada con las Universidades", detalló el funcionario.
En cuanto al Senado, la vicepresidenta Gabriela Michetti dio de baja 2.035 contratos de empleados de la Cámara alta, y dispuso que se revisen las 2.317 recategorizaciones que ordenó Amado Boudou antes de dejar su cargo. La medida generó el reclamo de varios Senadores e incluso, dividió las aguas dentro del bloque del FpV que podría derivar en una fractura política.
Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación rescindió los contratos de dos mil trabajadores del programa Argentina Trabaja, que durante años han acondicionado, construido y mantenido los edificios del predio de la ex Esma, convertido en Espacio Memoria y Derechos Humanos. Esa fue una de las primeras bajas que sin embargo pasó casi inadvertida para la opinión pública.
El secretario general de ATE Nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, señaló que "En el marco de un contexto muy difícil, todas y cada una de estas medidas que atentan contra la estabilidad laboral están siendo atendidas por nuestro gremio. Esto no sólo afecta sus puestos de trabajo y la situación de sus familias sino que afecta severamente la investigación del caso y la impunidad por no seguir descubriendo los archivos secretos, por eso queremos denunciar esta doble afrenta".
En tanto, Jefatura de Gabinete también utilizó la lapicera para firmar despidos. Alrededor de 150 empleados bajo la órbita de Marcos Peña mantienen paralizadas sus funciones desde el 10 de diciembre ya que no tienen autoridades a quien responder ni funciones asignadas. Esta situación se da especialmente en el Comité de lucha contra la Trata de Personas, organismo creado por ley y que coordina las políticas nacionales para combatir este delito.
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